Qué tienes que saber de la propuesta del nuevo modelo de atención a las personas

gestiosalutLa administración pública cuenta desde ya hace años, como una opción sostenible, con el Tercer Sector Social para contratar servicios de atención a las personas. En los últimos años, el Tercer Sector Social ha reclamado que sus servicios sean más valorados para hacer frente a las empresas mercantiles, que a menudo les sacan trabajo ofreciendo unos precios más económicos por la prestación, pero bajando el nivel de calidad. Descubrimos cuál es la situación de los servicios de atención a las personas y qué beneficios pueden llevar los cambios de los próximos años.

Escrito por: Meritxell Vilanova

 

Las leyes de contratación pública vigentes favorecen que empresas y organizaciones no relacionadas con el Tercer Sector Social encuentren en la gestión de servicios de atención a las personas un importante nicho de negocio. Las leyes de contratos han permitido durante años que las empresas que presenten importantes rebajas económicas en una licitación tengan más puntuación. Para Joan Segarra, presidente de La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya, el problema va más allá: "Si una administración establece un presupuesto de 100.000 € para un proyecto pero ya dice que quién lo haga más barato lo obtendrá y lo otorga al que le ofrece hacerlo por 80.000, no sólo hay 20.000 € que ya no van destinados a este servicio, sino que la próxima vez que salga a concurso lo hará directamente por 80.000", haciendo que cada vez la rebaja de precio sea más grande y que cada vez se destinen menos fondos a servicios de atención a las personas.

 

Desde la crisis económica del 2008, en el Tercer Sector Social se detectó que los recortes en los recursos para servicios y las subastas cada vez iban a más. Esta situación también afectaba las grandes empresas y las patronales mercantiles, de forma que entre todas las partes interesadas se creó el Código de Buenas Prácticas, que mejoraba las condiciones de contratación por parte de la Generalitat de Catalunya. A este panorama se sumó la aparición, en 2014, de la Directiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo sobre Contratación Pública, que afirma que los servicios de atención a las personas no tienen que ser objeto de especulación de mercado y que los gobiernos tienen que gestionar los servicios con entidades del territorio que reinvierten los beneficios en el mismo territorio.

 

Con la publicación de la Directiva Europea el 2014 empezó por todas partes el proceso de transposición europea, durante el cual se tenía que trasladar lo que decía la directiva a las leyes propias de cada país. En el Estado español esta transposición no siguió la línea marcada ni los tiempos establecidos, hecho que abrió la posibilidad de que cada comunidad autónoma regulara en este ámbito según le pareció. El Gobierno de Catalunya preparó un Proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas y lo presentó el agosto del 2017, pero quedó paralizado al decaer la legislatura. Con la aprobación de la Ley de Contratos del Estado, el septiembre del 2017, se asumió la legislación vigente a cada autonomía en relación con la contratación pública.

 

En este contexto se presentó, el pasado mes de abril, la propuesta de Ley de Acción Concertada con la Iniciativa Social Sin Afán de Lucro, recogida por La Confederació y trabajada en el Grupo de Trabajo Modelos de Colaboración Publicosocial, donde han intervenido varias entidades, federaciones y asociaciones del Tercer Sector Social. El día 10 de julio de este año el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ratificó el Proyecto de Ley de Contratos de Servicios a las Personas, que se quería aprobar antes de finalizar el 2017 pero que había quedado paralizado.

 

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¿Cuál es la situación actual?
El proyecto de ley de la Generalitat, ratificado en rueda de prensa por la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno Elsa Artadi, prioriza criterios de calidad y excelencia por encima de puntuaciones económicas a la hora de escoger las entidades o empresas que tendrán que prestar servicios de atención a las personas, valorando también la responsabilidad social de los licitadores en varios aspectos, como por ejemplo las condiciones laborales y las medidas de igualdad de género, las medidas de responsabilidad ambiental, las medidas de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y el cumplimiento de la legislación tributaria.

 

La propuesta va en la línea de la que presentó la Confederación. Para su presidente, Joan Segarra, "a pesar de que es cierto que se han hecho pasos adelante para sacar valor al precio y dar más a la calidad, no es suficiente. En nuestra propuesta el precio pierde toda la fuerza, y aquí sigue teniendo peso porque es una dinámica de contratación pública". Insiste en el hecho que este tipo de servicios tienen que quedar al margen de la contratación pública, "y no lo decimos nosotros, lo dicen las Directivas Europeas y la misma Ley estatal de Contratos del Sector Público".

 

Segarra afirma que son proyectos compatibles y que el del Gobierno supone un paso adelante, pero que hay que hacer más. Por ejemplo, la propuesta de La Confederació incluye la gestión de proyectos de un mínimo de 8 años: "si nos dan más continuidad y más garantías podemos plantear inversiones que, empresarialmente, en dos años no podemos hacer", explica. En cambio, la propuesta del Gobierno prevé contratos de un máximo de 3 años. Mientras que la propuesta de la Generalitat regula el marco contractual, La Confederació quiere regular la fórmula no contractual (lo que denominan acción concertada con la iniciativa social sin afán de lucro). "Entendemos que sólo desde este marco no contractual, fuera de las lógicas de la contratación pública, podremos lograr un nuevo modelo de colaboración publicosocial por la gestión de servicios de atención a las personas", explica el presidente de La Confederació.

 

"Si avanzamos hacia un modelo de gestión de Tercer Sector nos fortaleceremos como sociedad", Joan Segarra

 

Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, valora el proyecto de ley como importante porque "la normativa pretende evitar la interferencia de empresas que priorizan los beneficios en detrimento de la calidad del servicio. Poner por ante estos criterios de calidad y excelencia favorecería claramente las personas, pero también las profesionales".

 

Por otro lado, desde La Unió se ha trabajado en el proyecto +FUTUR, que quiere identificar los retos de futuro de las organizaciones sanitarias y sociales ante los nuevos perfiles de pacientes y de los cambios en las políticas de salud, incidiendo más en el ámbito comunitario para trabajar en la prevención de enfermedades. "Creemos que el reto de transformar a nivel global el modelo de atención a las personas, desde el punto de vista sanitario y social, tendría que ser una prioridad estratégica de gobierno, porque afecta directamente la salud y el bienestar de la ciudadanía”, explica la directora general de La Unió, Roser Fernández. Aún así, también explica que hace falta que el cambio salga de dentro de las mismas entidades, y trabajar desde la base: "El cambio tiene que venir del ámbito comunitario.Lol que se pueda hacer a pequeña escala en las entidades no hace falta que se dirija a la atención primaria".

 

Perspectivas de futuro
Un punto clave en la agenda de La Confederació es dar a conocer su propuesta entre las entidades del Tercer Sector Social. Según Segarra, "también hay que hacer entender a la gente las ventajas de la gestión de servicios por parte del Tercer Sector: no nos tiene que dar igual que un servicio esté gestionado por una entidad del Tercer Sector a que lo esté por una empresa mercantil. Si avanzamos hacia un modelo de gestión de Tercer Sector nos fortaleceremos como sociedad".

 

La Unió presentará los resultados de su proyecto el 13 de septiembre. "Será el punto de partida para ver en qué líneas nos tenemos que implicar, qué planteamientos hacemos y como nos abrimos en el mundo para ver qué se está haciendo en nuestro entorno más cercano y qué respuestas se dan a los retos", explica Roser Fernández. Próximamente se retomará la tramitación del proyecto de ley del Gobierno, cuestión que Francina Alsina ve como "una oportunidad de poner en valor lo que saben hacer las entidades sociales: trabajo de proximidad, dimensión comunitaria y conocimiento de las personas".

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