Les personas incapacitadas recuperan el derecho a voto

repordretvotA finales del año pasado, el Congreso de los Diputados tiró adelante una reforma de la ley electoral a favor de devolver el derecho a voto a las personas incapacitadas legalmente por un juez o una jueza. Se trata de una reivindicación que hace tiempo que hacen muchos colectivos, como el de personas con trastornos de salud mental. Hasta ahora, cuando la familia pasaba a tener la tutela, la persona perdía automáticamente este derecho por defecto. Esta modificación ha beneficiado 100.000 personas a nivel estatal. De estas, 2.500 podrán votar en las elecciones municipales de Barcelona el próximo 26 de mayo.

Escrito por: Gisela Giralt

Según la Administración de Justicia de Catalunya, "cualquier persona puede ser declarada incapaz cuando sufra una deficiencia". Esto quiere decir que la incapacitación se puede pedir cuando la persona no puede tener cuidado de ella misma y de sus bienes. Esta definición alcanza personas con discapacidades intelectuales, físicas o sensoriales o con trastornos de salud mental, dependiendo del grado de discapacidad. La familia, pues —el cónyuge, el padre o la madre, los hijos o las hijas y los hermanos o hermanas—, puede pedir la incapacitación cuando considere que esta medida es necesaria para la protección de la persona. Se inicia, entonces, un proceso judicial que finaliza con una sentencia que determina la extensión y los límites de la incapacidad. Cuando esta es total, la persona pasa a estar bajo la tutela de la familia o de otra persona o de una entidad, en caso de que sea ausente.

 

En este sentido, se considera que hay dos tipos de capacidad. La capacidad jurídica hace referencia a la aptitud de la persona para poseer sus derechos y sus obligaciones y disfrutarlos, mientras que la capacidad de obrar constituye la aptitud que tiene para ejercerlos. La incapacitación, pues, supone que la persona tiene capacidad jurídica —es decir, no pierde sus derechos—, pero no capacidad de obrar. Por lo tanto, no podría ejercer ciertos actos jurídicos ni administrar su patrimonio sin la asistencia de quien la representa. Hasta hace poco, este era el caso del derecho a voto.

 

"Quitarle el voto a una persona es comparable a excluirla de la sociedad", Rosa Cadenas

 

Rosa Cadenas, presidenta de la Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual (Dincat), cree que "el voto de estas personas es importante porque forman parte de la ciudadanía y son personas que pueden decidir, igual como lo puede hacer cualquiera, quién las gobierna y quién toma las decisiones importantes para que funcionamos todos como Estado, como país, como municipio". Y añade que "quitarle el voto a una persona es comparable a excluirla de la sociedad".

 

Dincat es la representación catalana del colectivo de personas con discapacidad intelectual. Como entidad de referencia, trabaja con cerca de trescientas entidades asociadas que velan por la defensa de los derechos, la dignidad y la mejora de la calidad de vida de estas personas y de sus familias en Catalunya. Entre otros servicios a las entidades federadas, Dincat ofrece apoyo a las familias de personas incapacitadas, informándolas y asesorándolas. Este es uno de los colectivos que reivindicaba firmemente una modificación de la ley electoral a favor de devolver el derecho a voto de las personas incapacitadas. A finales del año pasado, la privación de este derecho dejó de ser una norma para convertirse en una excepción.

 

El 18 de octubre del 2018, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para devolver el derecho a voto cerca de cien mil personas con discapacidad, principalmente intelectual. Todas podrán votar, pues, en las próximas elecciones municipales, estatales y europeas.

 

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En Dincat, la iniciativa de devolver el derecho a voto a las personas incapacitadas nació hace siete años, cuando se empezaron a crear grupos de decisión de personas con discapacidad. Allí eran estas personas quienes escogían los temas principales a trabajar y reivindicar en cuanto a sus derechos y así impulsar acciones desde la federación. "Hay tantas cosas a mejorar que a veces nos perdíamos en qué eran las prioridades de las personas con discapacidad directamente", dice Cadenas. "Y fue aquí donde surgieron diferentes casos de personas que nos explicaban historias propias de cómo se sentían cada vez que había elecciones y no podían votar."

 

Fue entonces cuando empezaron una campaña para trabajar conjuntamente con Plena Inclusión, la federación representante de las personas con discapacidad intelectual a nivel estatal, que también hacía tiempo que tenía esta reivindicación sobre la mesa. "En un primer momento pensamos que sería más fácil impulsar un cambio desde el Código Civil catalán, para que no fuera una decisión de los jueces o las juezas la de incapacitar una persona para votar o no y se pusiera el énfasis en otras capacidades", dice Rosa Cadenas. Pero finalmente, en base al trabajo conjunto con Plena Inclusión y todas las federaciones autonómicas que reclamaban la modificación, se consiguió que la petición de devolver el derecho a voto de las personas incapacitadas fuera aprobada por el Congreso de los Diputados.

 

"Para mí, no poder votar significaba no poder participar ni dar una opinión personal en política, ser una ciudadana más", Dolors Torrents

 

Dolors Torrents tiene 49 años y fue incapacitada cuando tenía 34, a causa de una discapacidad auditiva e intelectual derivada de un trastorno de salud mental. Recurrió la sentencia y recuperó el derecho a voto antes de la modificación de la LOREG. Pero su caso fue excepcional y por eso se convirtió en una figura capital en la reivindicación de un derecho que siempre ha considerado legítimo. Es miembro del Observatorio de Derechos de Dincat y a menudo ha sido la portavoz de la ciudadanía incapacitada que hasta ahora no tenía derecho a voto de cara a los medios de comunicación y ante instituciones. "Recuerdo la primera vez que expresé en voz alta mi descontento para no poder votar. Yo era usuaria de uno de los servicios de Fundació Joia y fuimos con un compañero a tomar un café a un bar del lado. Le expliqué que yo no podía votar y me dijo que no podía ser, que no se lo creía. A mí esto me dio rabia." A partir de aquí, Dolors lo transmitió a Dincat y empezó una formación sobre derechos de las personas con discapacidad intelectual que la llevaría a recuperar su derecho a voto. "Para mí, no poder votar quería decir no poder participar ni dar una opinión personal en política, ser una ciudadana más. Pienso que esto no se tendría ni que cuestionar."

 

El Síndic de Greuges de Catalunya, con Rafael Ribó al frente, ha sido una institución que siempre ha defendido y promulgado esta reclamación y que además ha tenido una relación muy próxima con Dolors Torrents. Antes de ponerse en contacto con Dincat, ya hacía tiempo que defendía un cambio en la ley electoral, pero una vez la Federación le presentó la problemática, la necesidad de la reivindicación fue mucho más evidente. "Siempre he pensado que no tiene ningún sentido que un juez o una jueza pueda decidir que alguien quede negado como persona, como ciudadano o ciudadana. No es lo mismo administrar tu patrimonio que poder participar en la vida pública." Después de reunirse directamente con personas a las cuales les habían quitado el derecho a voto, quedó mucho más claro que cada caso es diferente. "Con una cosa así no se puede generalizar. Cada situación es singular y requiere un tratamiento personalizado." A partir de aquí, empezó a trabajar con las federaciones para impulsar cambios normativos y conseguir que la incapacitación fuera aplicada en proporción a las necesidades de cada persona. Ahora, una vez la LOREG ha sido modificada, cree que "hay una necesidad elemental de informar y educar al respeto. Se tienen que hacer muchas reformas para que estas personas puedan ejercer el derecho que les ha sido devuelto".

 

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Rosa Cadenas coincide. "Ahora se acerca la primera experiencia fuerte, puesto que tenemos tres votaciones en 30 días y todo es todavía muy experimental. Estamos haciendo una campaña para que las personas sepan si están incorporadas al censo y cómo lo tienen que hacer. También queremos que desde las entidades se trabaje la responsabilidad del voto: ahora que puedes votar, decide si lo quieres hacer o no. Y en caso de que voten, que sepan en qué se basan. Y esto es complicadísimo." También se hace mucho de énfasis en promulgar que los programas electorales sean de lectura fácil, a partir de la participación en tertulias con políticos y políticas para explicar las necesidades de las personas con discapacidad.

 

Desde Dincat se ha observado que hay mucho más interés en la participación a las elecciones municipales, puesto que las personas se sienten más cerca de lo que se está debatiendo. Por eso, de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, ya han contactado con la Asociación Lectura Fácil, que trabaja para hacer accesibles la lectura, la cultura y la información, especialmente para las personas con dificultades lectoras y cognitivas. "Yo creo que de entrada se tienen que hacer pequeños pasos. Empezando con la traducción de las papeletas electorales de lectura fácil, que los colegios electorales estén señalizados con una facilidad cognitiva, que haya vigilancia para que nadie manipule o se pueda meter en el voto de las personas, etcétera", dice Cadenas.

 

"No tiene ningún sentido que un juez o una jueza pueda decidir que alguien quede negado como persona, como ciudadano o ciudadana", Rafael Ribó

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona muestra su apoyo a la causa y está trabajando para garantizar unas elecciones más accesibles. A través del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), se está elaborando un plan de acciones de forma que los 2.500 ciudadanos y ciudadanas que, por primera vez después de su incapacitación, podrán ejercer su derecho en voto lo hagan con las mismas condiciones y oportunidades que el resto de la ciudadanía.

 

Cambios en la ley
La modificación de la ley supone la eliminación de los apartados b) y c) del primer punto del tercer artículo de la ley electoral, que establecía que no tendrían derecho al sufragio "los declarados incapacitados en virtud de sentencia judicial firme" ni "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento". Además, ahora la ley incluye un nuevo apartado, que establece que "todas las personas podrán ejercer su derecho en sufragio de manera activa, consciente, libremente y voluntariamente, sea cual sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera".

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