Solicitar el Ingreso Mínimo Vital, una carrera de obstáculos

iniciativesocials 1El pasado mes de junio el Congreso de los Diputados aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tenía que servir para ayudar a combatir la pobreza en España, una prestación que se ponía en marcha a raíz de la pobreza sobrevenida a causa de la Covid-19. La realidad, en cambio, es que la pandemia ha colapsado las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la gran mayoría de personas que han solicitado esta prestación siguen a la espera de una respuesta por parte de la administración, un colectivo que depende urgentemente de esta prestación para salir adelante en su día a día y que en muchos casos todavía está pendiente de una respuesta.

Escrito por: Meritxell Vilanova

 

En el mes de julio, solo un mes después de la aprobación urgente de esta ayuda, en Cataluña ya había 50.000 solicitudes pendientes. Las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quedaron colapsadas a partir del mes de marzo, cuando se empezaron a tramitar los Expedientes de Regulación Temporal de Ocupación (ERTE), y se sumaban las medidas de seguridad sanitaria que estipulan un número máximo de personas y obligan a establecer unas citas previas para poder atender a las personas que tienen que hacer trámites en el INSS. Este es el escenario base, que no ha hecho más que sumar obstáculos a lo que Francina Alsina, presidenta de la Taula de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, califica de “gestión caótica y decepcionante” del IMV.

“La gestión del Ingreso Mínimo Vital ha sido caótica y decepcionante”, Francina Alsina

En Cataluña, a mediados del mes de octubre, se habían presentado más de 97.000 solicitudes para percibir el Ingreso Mínimo Vital. De estas, más de 90.000 todavía estaban pendientes de trámite, 6.000 se habían aprobado de oficio por tener menores a cargo y se habían aprobado y pagado 480. Es decir, que de las 97.000 técnicamente solo se habían aprobado 480, puesto que las otras 6.000 aprobadas no requerían de ningún tipo de control. Esto significa que, en Cataluña, cuatro meses después de la aprobación de esta prestación, que quién la necesita lo hace de manera urgente, no ha accedido a la paga ni un 10%.

A pesar de que en los últimos meses se han introducido enmiendas en los requisitos necesarios para pedir el Ingreso Mínimo Vital, en un primer momento había que demostrar que las personas que lo solicitaban se habían quedado sin ingresos durante el 2019. “Si tenía que ser una ayuda pensada a raíz de la Covid, tener que presentar los ingresos del 2019 hacía que hubiera muchas personas que quedaran excluidas”, explica Francina Alsina. En estos momentos hay que justificar que la disminución de ingresos ha sido en los últimos tres meses. Aun así, hay colectivos que siguen excluidos de la prestación: jóvenes de entre 18 y 23 años, personas en situación administrativa irregular, o personas sin hogar.

La problemática de acceso para las personas vulnerables
Dejando de lado las dificultades para establecer una cita previa en el INSS o para conseguir atención telefónica, el colectivo de personas vulnerables se ha encontrado con una barrera importantísima a la hora de hacer la solicitud de la IMV: la brecha digital. Precisamente sus circunstancias de vulnerabilidad son las que hacen que no tengan acceso a recursos digitales para cumplimentar las solicitudes necesarias. Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, indica que también hay “personas que a veces no saben leer, o que no tienen capacidad de entender lo que dicen las resoluciones administrativas, que muchas veces están tan pensadas con lógica administrativa y burocrática que las personas no las entienden”. En esta línea, Francina Alsina indica que las propias profesionales de las entidades tardan mucho tiempo en rellenar los papeles, y afirma que “son enunciados nada fáciles, que cuestan de entender y que no son accesibles. Se van poniendo trabas para que personas vulnerables, que lo necesitan, puedan tener acceso”. Ginesta considera que “el INSS está acostumbrado a trabajar con personas que han trabajado muchos años, que tienen una nómina, un contrato de trabajo y que están en un marco de inclusión efectiva y real. No está habituado a tratar con colectivos en riesgo de exclusión o en dificultades de inclusión social”.

Para apoyar a las personas que quieren solicitar la IMV, las entidades del tercer sector están destinando recursos propios, sobre todo en cuanto al personal, para ayudar a hacer estos trámites. Una tarea que Mercè Civit, miembro de la Junta Permanente del Colegio Oficial de Trabajadoras Sociales de Cataluña (TSCAT), indica que “no tendría que pasar por los servicios sociales básicos. Es una prestación de la Seguridad Social, según marca la Ley. La tarea de la trabajadora social no es tanto tramitar el IMV, sino trabajar con las personas en situación de pobreza para que puedan salir y buscar recursos”. Tener que destinar este tiempo y recursos para las entidades significa “perder tiempos para hacer el trabajo que realmente nos toca hacer. Hay familias que están muy mal y necesitan todo el apoyo, el acompañamiento y el trabajo con ellas y sus familias para superar la situación difícil que están viviendo, y necesitan de nosotros este trabajo”, indica Civit.

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El trabajo entre administraciones
Por otro lado, ha habido un choque entre el Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones sociales de las que disponían las comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), donde consideran diferente la aproximación que se da a cada prestación. Según explica el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta, “los mecanismos de inclusión que acompañan a las prestaciones económicas son tanto o más importantes que las propias prestaciones, porque si no queremos que la prestación sea un fin en sí mismo (que estigmatizaría a las personas que la reciban), sino que sea de tráfico para que las personas la usen de trampolín para la inclusión, hace falta que haya las políticas de acompañamiento a la prestación”. En este sentido, Ginesta indica que el planteamiento que se ha hecho del IMV choca de pleno con el trabajo que se hace desde Cataluña a nivel competencial. “Si la prestación económica la gestiona el INSS/Estado, ¿cómo ligamos las políticas de apoyo, ya sea de integración laboral o políticas de trabajo desde las áreas básicas de inclusión social, en los planes de trabajo de estas personas?”, plantea.

“Los mecanismos de inclusión que acompañan a las prestaciones económicas son tanto o más importantes que las propias prestaciones”, Josep Ginesta

Otro aspecto que preocupa es la misma coexistencia de dos prestaciones dirigidas, en gran medida, a un mismo público. Desde el TSCAT, Mercè Civit afirma que en estos momentos hay una “disfunción” entre la IMV y la RGC: “en teoría estaba todo muy claro: el IMV es el que se tiene que solicitar y la RGC es la que complementa, pero los requisitos para una y otra son diferentes. Por lo tanto, los públicos también pueden ser diferentes”, indica. Y no solo esto, sino que para hacer la solicitud de estas prestaciones, las personas tienen que dirigirse a dos instituciones diferentes y hacer dos trámites separados. La propuesta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT) es que haya “una ventanilla única donde la ciudadanía solicite el IMV y el complemento (la RGC). Hace falta un acuerdo entre Generalitat y Estado. Hay bastante incertidumbre: la gente tiene derecho a un ingreso y tiene que ir a un lugar donde la atiendan y le tramiten todo a la vez”. Una perspectiva que la Taula de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña comparte: “creemos que una posible solución podría ser dividir las solicitudes recibidas entre los servicios sociales públicos de las comunidades autónomas, y esto destaparía el tapón de botella que hay al INSS”, afirma Francina Alsina.

Desde la Generalitat de Cataluña se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Ingreso Mínimo Vital, “pero no contra la idea, que insisto, es necesaria e imprescindible”, afirma Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, sino para reclamar que su gestión sea competencia de la Generalitat, puesto que, como marca el Estatuto de Autonomía, la gestión de las ayudas no contributivas es competencia catalana. “Esto nos permitiría hacer en una ventanilla única la solicitud de la RGC y la de la IMV, y que la misma funcionaria pública que tramita un IMV también tramite el complemento de la RGC. Además, permitiría poder monitorizar a nivel territorial la evolución, donde hay foco donde hay que reforzar ámbitos y dónde hay indicadores más o menos preocupantes de colectivos más necesitados”, indica Ginesta.

“Hay bastante incertidumbre: la gente tiene derecho a un ingreso y tiene que ir a un lugar donde le atiendan y le tramiten todo a la vez”, Mercè Civit

¿Qué requisitos son necesarios para solicitar el IMV y la RGC?
Ingreso Mínimo Vital (IMV)
- Tener más de 23 años.
- Tener residencia legal y efectiva en España de manera continuada durante el año inmediatamente anterior.
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, acreditandolo con el patrimonio y el nivel de ingresos y rentas.
- Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes para las que se pueda tener derecho. Quedan exentos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas sociales de las comunidades autónomas.
- Que la unidad de convivencia esté formada desde hace un año.
- Estar inscritas como demandantes de ocupación en el caso de personas mayores de edad o menores emancipadas, que no estén trabajando.
- Otros requisitos de circunstancias personales y/o de la unidad de convivencia.

Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)
- Tener más de 23 años (más de 18 años, en casos concretos).
- Estar empadronada en Cataluña.
- Acreditar la residencia continuada y efectiva en Cataluña de los 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber dispuesto de ingresos, rentas o recursos económicos mínimos durante los dos meses anteriores a la solicitud.
- No trabajar, excepto las solicitantes monoparentales con trabajo a tiempo parcial.
- No disponer de patrimonio más allá de la vivienda habitual.
- No ser beneficiaria de una prestación pública o privada de servicio residencial permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario, ni estar ingresado en centro penitenciario en régimen ordinario o cerrado.

 

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